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Bogotá D.C., 25 de febrero de 2020
En septiembre del año pasado demostramos en la plenaria del Senado, de un lado, que el sector financiero y la industria agroalimentaria han profundizado en la dinámica denominada la  “Fiebre mundial por la tierra“ y aseguramos que grandes inversionistas tienen expectativas de conseguir más suelo, apuntando a la puesta en producción en áreas de frontera, bajo un modelo estrechamente relacionado con el fenómeno de acaparamiento de tierras y que ese modelo resulta exitoso sólo si obtiene por parte de los gobiernos políticas favorables a su instalación, y de otra parte, denunciamos que de allí devienen entre otras, la ley Zidres y el Plan Maestro de la Orinoquia.

Expuse en esa ocasión tres mapas que caracterizan el retorno de inversión en las últimas fronteras agrícolas y cómo la Altillanura y la Orinoquía colombianas resultan ser una extensión apetitosa para este tipo de inversiones; advertí que el acaparamiento de baldíos obedece a una lógica inversionista de gran escala que requiere de la disponibilidad de grandes extensiones de tierras no cultivadas con potencial de generar producciones significativas y que traducir el potencial de producción de esas tierras en una actividad eficiente no es fácil, al no obtenerse la utilidad esperada, la inversión se hace susceptible a convertirse en una actividad exclusivamente rentística. Los tres mapas presentados en ese debate se superponen con exactitud en los incendios provocados tanto en la Amazonía brasilera como en La Macarena colombiana.


La Orinoquía, región donde se localiza La Macarena, ha sido denominada en el gobierno Santos como la “despensa agrícola” y la “frontera de expansión interna más promisoria”: Las expectativas de grandes inversiones públicas en infraestructura, los beneficios tributarios y el decidido apoyo gubernamental, han desatado en la región el acaparamiento y la acumulación de tierras baldías por encima de los topes establecidos por la ley 160, por parte de fondos de inversión, industrias agroalimentarias, operadores políticos, empresas nacionales y transnacionales, en la altillanura colombiana.

El interés del gran capital ha encontrado en los sucesivos gobiernos, aliados para cooptar el Estado al servicio de sus inversiones aunque el costo social y ambiental sea incalculable. Advertí en septiembre del año pasado que esta dinámica que se desarrolla en la altillanura, por virtud del Plan Maestro de la Orinoquía, es susceptible de generar incentivos para la continua ampliación de la última frontera agrícola hacia la región Amazónica, pues, ambas dinámicas subyacen de la promoción de reformas internas para facilitar el acceso de las empresas.

Como resultado a nivel nacional se desarrolla un reordenamiento del territorio en clave de grandes inversiones que desconocen el ordenamiento local y lo dictado por la Corte Constitucional en sus pronunciamientos sobre asuntos agrarios, como el reciente proyecto de Decreto reglamentario de la Ley Zidres publicado por el Ministerio de Agricultura el pasado 11 de febrero que no es más que un perdón retroactivo y licenciamiento exprés para el acceso a grandes extensiones de tierras.

Por eso, ante las llamas que consumen a La Macarena debo cuestionar la operación Artemisa anunciada por el presidente Duque como una estrategia principalmente militar para supuestamente frenar la deforestación. La criminalización a los campesinos locales en función de futuras inversiones que requieren la praderización, la adecuación normativa que encuentra en el Plan de Desarrollo su continuidad, la inversión en infraestructura que genera expectativas de inversión y el consecuente acaparamiento de tierras. Al igual que Bolsonaro, Duque parece ser más proclive a la fuerza y a las llamas que a la concertación con los campesinos y a un ordenamiento que los incluya y les genere oportunidades protegiendo el parque natural. El incendio se veía venir y el paquetazo agrario revestirá este crimen ambiental de “legalidad y desarrollo”.


Wilson Arias Castillo
Senador de la República
Polo Democrático Alternativo


Bogotá D.C., 12 de febrero de 2020

Por razones de seguridad, la Comisión Accidental de Tierras Baldías del Senado de la República no podrá realizar la segunda Audiencia Pública programada en la ciudad de Ocaña (Norte de Santander) que se iba a llevar a cabo el viernes 21 de febrero, en la cual se esperaba contar con la presencia del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural; entidades gestoras catastrales y autoridades agrarias, académicos expertos en asuntos de tierras baldías; gremios y organizaciones campesinas; organizaciones sociales y organizaciones étnicas, entre otras.

Esta comisión rechaza enfáticamente la guerra y todas las afectaciones que genera. Es un hecho conocido que actualmente el EPL y el ELN se han declarado en paro armado indefinido en la zona y se han identificado amenazas, confinamiento y desplazamientos, así como afectaciones a la integridad física, psicológica y al patrimonio de la población civil que habita las veredas principalmente en los municipios de Hacarí, Sardinata, Abrego y La Playa de Belén.

Fuimos informados que el pasado 5 de febrero se instaló un retén en la vía que comunica los municipios de La Playa de Belén y Hacarí; allí se comunicó a los transeúntes que se instalaba el paro armado en la región y la vía fue bloqueada a través de la incineración de algunos vehículos. Lo mismo ocurrió en las vías que conectan al municipio de Ocaña con Convención y Cúcuta.

El día de hoy se han reportado tres nuevos carros incinerados en los municipios de Convención, Tibú y Teorama. Además, este último se encuentra completamente incomunicado junto con el municipio de Convención. A la fecha medios de comunicación informan que producto de la confrontación se ha generado un desplazamiento masivo de alrededor de 300 personas.

Edificio Nuevo del Congreso Cra.7ª.No.8-68 Bogotá, D.C. Por esta razón hacemos un llamado al Gobierno Nacional, Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Gobernación de Norte de Santander, al Ministerio público y todas las demás entidades que hacen parte del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas y la Comunidad Internacional para que en el marco de sus labores constitucionales y legales garanticen la seguridad de toda la población afectada, disponga de las acciones necesarias para evitar una crisis humanitaria mayor y atienda lo que está sucediendo de manera efectiva.

Audiencia Pública en el Congreso | Víctimas de Anchicayá siguen en la lucha por atentado ambiental
Este miércoles 11 de diciembre comunidades afrocolombianas de Anchicayá (Buenaventura) se darán cita en el Congreso de la República para seguir denunciando las graves afectaciones que sufren desde hace 18 años a causa de la contaminación del Río Anchicayá por parte de la Empresa de Energía del Pacífico S.A. (EPSA), tras la construcción de la hidroeléctrica en 2001 y que afecta a más de seis mil personas que viven en las riberas de río. 

“Son casi 20 años de impunidad que han vivido estas comunidades por la irresponsabilidad de la empresa española EPSA, al verter, tras la construcción de la represa, más de 500 mil metros cúbicos de lodo y residuos tóxicos al hermoso Río Anchicayá que no sólo es patrimonio de los vallecaucanos, sino que significa la vida y la supervivencia de miles de familias que viven y se alimentan del río desde hace más de 200 años”, dijo el Senador Wilson Arias, del Polo Democrático Alternativo, citante a la Audiencia Pública Víctimas de la represa de Anchicayá.

El Senador Wilson Arias, explicó que en 2001,  cuando se construyó la represa y se produjo el daño ambiental, EPSA ya pertenecía a Unión Fenosa, compañía eléctrica española que se hizo al 65% de la empresa colombiana en el año 2000, mediante un negocio de 225 millones de dólares. Unión Fenosa era también propietaria de Electrocosta-Electrocaribe.  

Hoy, según información de prensa (El Espectador, mayo 26 de 2019), la participación accionaria de EPSA es: Colener S.A.S. (propiedad de Celsia), 50,01 %; Celsia (del Grupo Argos), 13,14 %; Empresas Municipales de Cali, 18,02 %; Corporación Regional Autónoma del Valle del Cauca (CVC), 15,88 %; Banca de Inversión de Bancolombia, 1,96 %, y otros, 0,99 %.

La Audiencia Pública también convocada  por organizaciones sociales como Ríos Vivos, CENSAT Agua Viva, la Organización de Negros Unidos del Río Anchicayá (ONUIRA) y el Consejo Comunitario Mayor de Anchicayá, pretende llamar nuevamente la atención sobre la problemática que viven las poblaciones ribereñas totalmente abandonas por el Estado: El objetivo es buscar alternativas frente a la situación de calamidad y riesgo en que viven las comunidades afrodescendientes afectadas por los vertimientos de la represa del Bajo Anchicayá.     

La comunidad no sólo ha venido denunciando su situación de calamidad pública y la afectación ambiental, las personas se enferman por la contaminación del agua, sufren de hambre, sed y perdieron sus cultivos, sino que emprendió una batalla jurídica contra EPSA  que luego de múltiples palos en la rueda, demoras y arbitrariedades hoy está en manos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el ámbito internacional y del Consejo de Estado, en el ámbito nacional. 

“Nuestra comunidad negra, habitante de las veredas de la cuenca Río Anchicayá que fue uno de los ríos más productivos del Valle del Cauca, hoy pasa hambre, necesidades y enfermedades porque la multinacional mató la cuenca, el Estado nos abandonó y la justicia está en veremos. Nuestros cultivos no prosperan, los peces no llegan y tampoco se da la producción pecuaria. Nosotros no tenemos acueducto, dependemos en un 80% del río que hoy está contaminado y taponado. Sentimos un desprecio total de todas las autoridades que deben ayudarnos”, asegura  Silvano Caicedo, líder comunitario, vicepresidente de ONUIRA y parte de Ríos Vivos

Por los hechos demandados existe toda la posibilidad que la CIDH condene al Estado colombiano por no hacer justicia social y ambiental. Lo anterior implicaría que todos paguemos por los daños ocasionados por una empresa privada (en 2001 cuando se ocasionaron los daños era propiedad de Unión Fenosa - España) y hoy es mixta con una importante participación del Sindicato Antioqueño.

“Este caso de Anchicayá ha tenido una serie de eventos que ha llevado a una dilación injustificada cuando: 1) se profirió en la acción de grupo (2009) la sentencia de segunda instancia favorable a las comunidades, el tribunal administrativo decidió enviar el expediente original al Consejo de Estado, en vez de velar por el pago de la condena y enviar la copia del expediente. 2) se profirió la sentencia de tutela T-274 de 2012 de la Corte Constitucional que anuló la sentencia de segunda instancia, cuando ya estábamos listos para el pago por orden del Consejo de Estado. 3): se profiere la Sentencia Unificadora de Jurisprudencia SU-686 de 2015 por la Sala Plena de la Corte Constitucional que anuló la T-274 de 12 de la misma Corte constitucional y le da plena validez a la sentencia de segunda instancia; estábamos otra vez listos para el pago, pero esta vez un auto del Consejo de Estado ordena suspender el pago de la condena. 4) El Consejo de Estado niega la solicitud de audiencia de conciliación solicitada por las partes porque ya teníamos un acuerdo en cifras y víctimas”, explica el Dr. Germán Ospina, abogado apoderado de las comunidades de Anchicayá.

“Mientras el caso de Anchicayá va y viene en los estrados judiciales y administrativos, la región está sumergida en la pobreza extrema, pasa hambre y sufre la desidia estatal y el abandono. Sus comunidades no cuentan con acueducto, alcantarillado y vías de acceso, entre tanto la justicia sigue sin llegar. Lo más probable es que ahora que la empresa es mixta, con  una participación importante del Sindicato Antioqueño, terminemos como siempre pagando todos el negocio que hacen los privados. Por estas razones, es necesario pensar en otras formas de producir energía en nuestro país, la transición energética no se hace esperar, se requieren soluciones locales y adaptadas a las comunidades para responder a problemas globales”, puntualizó el Senador Arias. 

Comisión de Tierras Baldías del Congreso convoca Audiencia en Boyacá


Tunja, noviembre 28 de 2019

En desarrollo de la agenda establecida, la Comisión de Tierras Baldías hará su primera Audiencia Pública en la ciudad de Tunja, mañana viernes 29 de noviembre en la Curia Arzobispal (Carrera 2 No. 59-390) con la participación de los senadores Wilson Arias (Coordinador de la Comisión), Ciro Ramírez quien lidera la Audiencia en Boyacá y la Senadora Aida Avella.  

“La Comisión de Tierras Baldías es un esfuerzo multipartidista que nace en el marco de las discusiones del Plan Nacional de Desarrollo con miras a debatir alrededor de las distintas problemáticas, normatividad y políticas sobre la tenencia y usos de la tierra en el país, con miras a construir acuerdos mínimos que contribuyan al trámite de los conflictos históricos que se han desatado a su alrededor”, aseguró el Senador Wilson Arias, quien ha liderado desde el Congreso importantes debates de control político sobre la tierra en Colombia.  

Se espera que en la Audiencia en Tunja así como en las otras cinco programadas para el 2020 (dos ya con fecha, 21 de febrero en Ocaña bajo el liderazgo del Senador Andrés Cristo; 6 de marzo en Barranquilla liderada por el Senador Edgar Palacio), asistan funcionarios y representantes de: Agencia Nacional de Tierras (ANT); oficinas de Notariado y Registro de cada región (ORIP); Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC); Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural; entidades gestoras catastrales; académicos expertos nacionales e internacionales, en asuntos de tierras baldías; gremios y organizaciones campesinas; organizaciones sociales y organizaciones étnicas, entre otras.

Esta primera audiencia se enfoca en el centro del país, especialmente en el Departamento de Boyacá, región caracterizada por una amplia población que tiene una vocación productiva de carácter agrícola, gran parte pequeños campesinos que han reivindicado su derecho a la producción de alimentos y a la supervivencia a partir de la tierra. La audiencia pretende recoger las problemáticas, los sentires y reivindicaciones de estas poblaciones para comprender las situaciones de tenencia y ocupación de la tierra en esa región.

La Comisión ha definido abordar de manera prioritaria la discusión en torno a la apropiación de baldíos por parte de actores que no son campesinos sujetos de reforma agraria, el catastro multipropósito en el marco del sistema de la administración de tierras baldías del país, la administración de tierras baldías sin transferencia de dominio y las extensiones de la Unidad Agrícola Familiar (UAF) en las distintas regiones.

Para el caso de Tunja está confirmada la presencia de: Defensoría del Pueblo, Dr. Mauricio Reyes; el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Dr. Mauricio Eladio Mejía; Superintendencia de Notariado y Registro, Dr. Jhon Fredy González; la Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario, Dr. Gabriel Romero; la Procuraduría, Dr. Felipe Clavijo Ospina y la Agencia Nacional de Tierras.

La Comisión Accidental de Tierras Baldías (Resolución No. 273 de 2019) está conformada por Guillermo García Realpe (Partido Liberal), Ciro Ramírez (Partido Centro Democrático), Pablo Catatumbo  (Partido Fuerza Alternativa del Común), José David Name (Partido de la U), Iván Marulanda (Partido Alianza Verde), Temístocles Ortega (Partido Cambio Radical), Edgar Palacio (Partido Colombia Justa Libres), Feliciano Valencia (Lista Decentes), Carlos Eduardo Guevara (Partido Mira), Carlos Eduardo Enríquez Maya (Partido Conservador), María Fernanda Cabal (Partido Centro Democrático), Andrés Cristo (Partido Liberal), Aida Avella (Unión Patriótica) y Wilson Arias (Partido Polo Democrático Alternativo), quien además coordina la Comisión.




Descargar comunicado aquí.