Bogotá D.C. 6 de mayo de 2020.
Desde el 14 de
abril de este año, el senador Wilson Arias, del Polo Democrático Alternativo,
ha venido denunciando públicamente, distintas compras de camionetas blindadas y
tanquetas que ascienden a $21.600.000.000 “todo un hecho de despilfarro de
recursos de la nación, en una contingencia en la cual abundan los trapos rojos
situados en las casas de cientos de miles de familias colombianas como sinónimo
de hambre y escasez” declaró el Senador
Mientras por un
lado el Ministerio de Hacienda emite un Proyecto de decreto de austeridad a
través del cual se permite la modificación de plantas de personal con costo
cero, por el otro, el pasado 20 de abril se publica un aviso de convocatoria MC
067 de 2020, para la de “municiones
menos letales” por parte de la policía Nacional de Colombia por un valor de $9.515.000.000 más de 2
millones de dólares, para adquirir entre otros: 81.000 gases lacrimógenos, 23.775
esferas marcadoras, 11.000 granadas de aturdimiento, 5.000 granadas multi
impacto y 13.000 cartuchos calibre 12.
Todo este equipo
de control de masas, ha dejado en el país 34 personas muertas a manos del
ESMAD. El último de ellos, un joven de tan solo 18 años, Dilan Cruz, quien
murió producto del impacto en su cabeza con uno de estos proyectiles en las
jornadas de movilización ocurridas en noviembre del año pasado.
“Van quedando
devaladas las prioridades de este gobierno corrupción y represión, ante la
incapacidad de garantizar un plan social digno e integral. Es necesario asegurar:
alimentación, Ingresos, servicios públicos domiciliarios y un sistema
hospitalario robusto; lo que mínimamente debería hacer un Estado democrático frente
a la grave crisis que estamos padeciendo, tanto producto del COVID 19, como de
las decisiones en materia económica y laboral” indicó Arias.
Este proceso se
encuentra en etapa precontractual, por lo que el Estado aún no tiene que llegar
a indemnizar, ni puede ser demandado, en este punto la selección abreviada es
revocable al ser un acto de carácter general.
Así lo ha establecido el Consejero Ponente, Enrique Gil Botero, a través
de sentencia del 26 de marzo de 2014, del Consejo de Estado.
El Senador
solicitó al Ministro de Hacienda y Crédito Público, al Ministro de Defensa y a
la Policía Nacional que, en una demostración de auténtico ejemplo de austeridad
de políticas gubernamentales verdaderamente enfocadas en favorecer a los más
vulnerables, “se detenga el proceso contractual en curso y se trasladen esos
recursos para la adquisición de Unidades de Cuidado Intensivo para el Amazonas
y el Pacífico colombiano, comunidades
que necesitan ser priorizadas.
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