Bogotá, abril 23 de 2019
El Plan Nacional de Desarrollo (PND) del Gobierno de Iván
Duque (2018-2022), denominado “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, es
todo lo contrario a lo que predica. Es un pacto sin Colombia, tal como lo han
manifestado diversos sectores que han sido ignorados y es totalmente
inequitativo, pues plantea la continuidad de las políticas sociales y
económicas del neoliberalismo que desde hace más de 30 años vienen imponiendo
los distintos gobiernos del país y que nos han llevado a ser el segundo país
más desigual de América Latina. Atrás quedo la idea del cambio de 180° que
prometió Duque durante su campaña, siendo la única diferencia, su visión sobre
el conflicto armado.
Este PND se basa en una ecuación que recoge sus tres pactos
fundamentales: Equidad = Legalidad + Emprendimiento. En cuanto al primero,
entendido como el gasto social del Estado, no se hace ninguna modificación
sustancial en la oferta de derechos y servicios, incluso se mantiene el nombre
y el monto de las políticas asistenciales focalizadas sin mayores avances en
cobertura, buscando siempre instrumentos más precisos de focalización y
priorización. Frente a la legalidad, la visión del Plan vuelve a la vieja
política de seguridad democrática, con un fortalecimiento del aparato y el
dominio militar de los territorios, sin mayor oferta estatal más allá de mecanismos
de solución de conflictos y administración de justicia. En cuanto al
emprendimiento, bajo la promesa de que será el motor del desarrollo del país,
se plantean tímidas políticas de capacitación, financiación y crédito para
iniciar los negocios de la llamada “economía
naranja”, demostrado que más allá de ser una política fuerte del actual
gobierno, parece más un discurso sin contenido, teniendo en cuenta que siete de
cada 10 emprendimientos fracasan antes de los primeros cinco años de
funcionamiento.
Es más, el gobierno nacional ha empleado el PND como la
posibilidad de impulsar todo tipo de reformas lesivas para la clase trabajadora
y el pueblo colombiano, dentro de las cuales se puede contar una reforma
tributaria de 61 artículos que genera o fortalece 11 beneficios tributarios; 11
tasas y contribuciones, entre otras medidas. También, puede verse claramente
una reforma a la estructura del Estado central, que se realizará mediante el
otorgamiento de facultades extraordinarias al Presidente para que sea él, quien
legisle sobre la administración del Estado; se puede observar también una serie
de medidas tendientes a fortalecer el sector minero energético, con mayores
gabelas a las existentes y abriendo el paso al fracking y a mayores inversiones
de grandes capitales en el sector.
En contraste, existe una invisibilización de sectores y
avances en materia de paz y minorías. Se plantean gastos transversales para las
comunidades indígenas y afrodescendientes, lo cual hace muy difícil el rastreo
y la efectiva ejecución de los recursos; las mujeres, los jóvenes, la comunidad
LGTBI, están completamente invisibilizados en el contenido del Plan. Por si
fuera poco, y a pesar de los intentos de corregir esta situación de cara al
segundo debate, existe un desconocimiento del Acuerdo Final para la terminación
del conflicto firmado entre el Estado colombiano y las FARC EP, dejando claro
que la intensión del gobierno no es precisamente cumplir con lo pactado,
primando la tesis de hacer trizas dichos acuerdos, modificando unilateralmente
el contenido de los mismos, imponiendo una visión de paz diferente y generando
incumplimientos reales a los pactos firmados.
Quienes convocamos y participamos de esta Audiencia Pública
podemos concluir hoy lo siguiente:
El PND es el inicio de las reformas
laboral y pensional, hechas a la medida de los grandes empresarios. El
Gobierno, incumpliendo los Convenios y Recomendaciones de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) y los pronunciamientos de sus órganos de
control, incumpliendo los Planes de Acción Laboral suscritos con países socios
como Canadá y Estados Unidos y, omitiendo las recomendaciones del Comité de
Empleo de OCDE para mejorar los estándares laborales, traza su Plan acabando
con la estabilidad laboral reforzada, promoviendo el trabajo parcial por jornal
y por horas, enfocando la reforma pensional al ahorro individual e insuficiente
mediante Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) y legalizando la precariedad
laboral con un supuesto Piso de Protección Social en el cual trabajadores
productivos y dependientes saldrán de la seguridad social para caer solo en
salud subsidiada –en lugar de contributiva-, BEPS –en lugar de un régimen de
pensiones- y un seguro inclusivo –en lugar de aseguramiento en riesgos
laborales; sumado a que propone una reforma educativa oculta con la creación de
un Sistema Nacional de Cualificaciones, unificando todo el sistema educativo y
acabando la naturaleza del SENA como institución de capacitación de los
trabajadores colombianos.
Bajo esta situación, los asistentes e intervinientes en esta
Audiencia Pública, hacemos un llamado al pueblo colombiano para que nos sumemos
de manera masiva a la jornada de PARO NACIONAL, el próximo jueves 25 de abril,
que ha sido convocada por diferentes sectores y procesos a nivel nacional. Creemos
firmemente que sólo la movilización y presión social hará que la correlación de
fuerzas cambie a favor de las mayorías sociales, por encima de las mayorías
parlamentarias que tiene hoy el gobierno y con las cuales ya aprobó en primer
debate su proyecto de PND y pretende aprobarlo en las plenarias. Saquemos la
discusión del Congreso con el fin de generar un diálogo social real para la
construcción de un PND que responda a las necesidades y exigencias de las comunidades
y de los colombianos y colombianas que llevamos esperando un cambio de rumbo
definitivo para el país.
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