Este miércoles 11 de
diciembre comunidades afrocolombianas de Anchicayá (Buenaventura) se darán cita
en el Congreso de la República para seguir denunciando las graves afectaciones
que sufren desde hace 18 años a causa de la contaminación del Río Anchicayá por
parte de la Empresa de Energía del Pacífico S.A. (EPSA), tras la construcción
de la hidroeléctrica en 2001 y que afecta a más de seis mil personas que viven
en las riberas de río.
“Son casi 20 años de
impunidad que han vivido estas comunidades por la irresponsabilidad de la
empresa española EPSA, al verter, tras la construcción de la represa, más de
500 mil metros cúbicos de lodo y residuos tóxicos al hermoso Río Anchicayá que
no sólo es patrimonio de los vallecaucanos, sino que significa la vida y la
supervivencia de miles de familias que viven y se alimentan del río desde hace
más de 200 años”, dijo el Senador Wilson Arias, del Polo Democrático
Alternativo, citante a la Audiencia Pública Víctimas de la represa de
Anchicayá.
El Senador Wilson
Arias, explicó que en 2001, cuando se
construyó la represa y se produjo el daño ambiental, EPSA ya pertenecía a Unión
Fenosa, compañía eléctrica española que se hizo al 65% de la empresa colombiana
en el año 2000, mediante un negocio de 225 millones de dólares. Unión Fenosa
era también propietaria de Electrocosta-Electrocaribe.
Hoy, según información
de prensa (El Espectador, mayo 26 de 2019), la participación accionaria de EPSA
es: Colener S.A.S. (propiedad de Celsia), 50,01 %;
Celsia (del Grupo Argos), 13,14 %; Empresas Municipales de Cali, 18,02 %; Corporación
Regional Autónoma del Valle del Cauca (CVC), 15,88 %; Banca de Inversión de
Bancolombia, 1,96 %, y otros, 0,99 %.
La Audiencia Pública también
convocada por organizaciones sociales como
Ríos Vivos, CENSAT Agua Viva, la Organización de Negros Unidos del Río
Anchicayá (ONUIRA) y el Consejo Comunitario Mayor de Anchicayá, pretende llamar
nuevamente la atención sobre la problemática que viven las poblaciones
ribereñas totalmente abandonas por el Estado: El objetivo es buscar
alternativas frente a la situación de calamidad y riesgo en que viven las
comunidades afrodescendientes afectadas por los vertimientos de la represa del
Bajo Anchicayá.
La comunidad no sólo ha
venido denunciando su situación de calamidad pública y la afectación ambiental,
las personas se enferman por la contaminación del agua, sufren de hambre, sed y
perdieron sus cultivos, sino que emprendió una batalla jurídica contra EPSA que luego de múltiples palos en la rueda,
demoras y arbitrariedades hoy está en manos de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH), en el ámbito internacional y del Consejo de Estado, en
el ámbito nacional.
“Nuestra comunidad
negra, habitante de las veredas de la cuenca Río Anchicayá que fue uno de los
ríos más productivos del Valle del Cauca, hoy pasa hambre, necesidades y
enfermedades porque la multinacional mató la cuenca, el Estado nos abandonó y
la justicia está en veremos. Nuestros cultivos no prosperan, los peces no
llegan y tampoco se da la producción pecuaria. Nosotros no tenemos acueducto,
dependemos en un 80% del río que hoy está contaminado y taponado. Sentimos un
desprecio total de todas las autoridades que deben ayudarnos”, asegura Silvano Caicedo, líder comunitario, vicepresidente
de ONUIRA y parte de Ríos Vivos
Por los hechos
demandados existe toda la posibilidad que la CIDH condene al Estado colombiano
por no hacer justicia social y ambiental. Lo anterior implicaría que todos
paguemos por los daños ocasionados por una empresa privada (en 2001 cuando se
ocasionaron los daños era propiedad de Unión Fenosa - España) y hoy es mixta
con una importante participación del Sindicato Antioqueño.
“Este caso de Anchicayá
ha tenido una serie de eventos que ha llevado a una dilación injustificada
cuando: 1) se profirió en la acción de grupo (2009) la sentencia de segunda
instancia favorable a las comunidades, el tribunal administrativo decidió
enviar el expediente original al Consejo de Estado, en vez de velar por el pago
de la condena y enviar la copia del expediente. 2) se profirió la sentencia de
tutela T-274 de 2012 de la Corte Constitucional que anuló la sentencia de
segunda instancia, cuando ya estábamos listos para el pago por orden del Consejo
de Estado. 3): se profiere la Sentencia Unificadora de Jurisprudencia SU-686 de
2015 por la Sala Plena de la Corte Constitucional que anuló la T-274 de 12 de
la misma Corte constitucional y le da plena validez a la sentencia de segunda
instancia; estábamos otra vez listos para el pago, pero esta vez un auto del
Consejo de Estado ordena suspender el pago de la condena. 4) El Consejo de
Estado niega la solicitud de audiencia de conciliación solicitada por las
partes porque ya teníamos un acuerdo en cifras y víctimas”, explica el Dr.
Germán Ospina, abogado apoderado de las comunidades de Anchicayá.
“Mientras el caso de
Anchicayá va y viene en los estrados judiciales y administrativos, la región
está sumergida en la pobreza extrema, pasa hambre y sufre la desidia estatal y
el abandono. Sus comunidades no cuentan con acueducto, alcantarillado y vías de
acceso, entre tanto la justicia sigue sin llegar. Lo más probable es que ahora
que la empresa es mixta, con una
participación importante del Sindicato Antioqueño, terminemos como siempre
pagando todos el negocio que hacen los privados. Por estas razones, es necesario
pensar en otras formas de producir energía en nuestro país, la transición
energética no se hace esperar, se requieren soluciones locales y adaptadas a
las comunidades para responder a problemas globales”, puntualizó el Senador
Arias.
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