Aplazada audiencia de Tierras Baldías por situación de seguridad.

Bogotá D.C., 12 de febrero de 2020

Por razones de seguridad, la Comisión Accidental de Tierras Baldías del Senado de la República no podrá realizar la segunda Audiencia Pública programada en la ciudad de Ocaña (Norte de Santander) que se iba a llevar a cabo el viernes 21 de febrero, en la cual se esperaba contar con la presencia del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural; entidades gestoras catastrales y autoridades agrarias, académicos expertos en asuntos de tierras baldías; gremios y organizaciones campesinas; organizaciones sociales y organizaciones étnicas, entre otras.

Esta comisión rechaza enfáticamente la guerra y todas las afectaciones que genera. Es un hecho conocido que actualmente el EPL y el ELN se han declarado en paro armado indefinido en la zona y se han identificado amenazas, confinamiento y desplazamientos, así como afectaciones a la integridad física, psicológica y al patrimonio de la población civil que habita las veredas principalmente en los municipios de Hacarí, Sardinata, Abrego y La Playa de Belén.

Fuimos informados que el pasado 5 de febrero se instaló un retén en la vía que comunica los municipios de La Playa de Belén y Hacarí; allí se comunicó a los transeúntes que se instalaba el paro armado en la región y la vía fue bloqueada a través de la incineración de algunos vehículos. Lo mismo ocurrió en las vías que conectan al municipio de Ocaña con Convención y Cúcuta.

El día de hoy se han reportado tres nuevos carros incinerados en los municipios de Convención, Tibú y Teorama. Además, este último se encuentra completamente incomunicado junto con el municipio de Convención. A la fecha medios de comunicación informan que producto de la confrontación se ha generado un desplazamiento masivo de alrededor de 300 personas.

Edificio Nuevo del Congreso Cra.7ª.No.8-68 Bogotá, D.C. Por esta razón hacemos un llamado al Gobierno Nacional, Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Gobernación de Norte de Santander, al Ministerio público y todas las demás entidades que hacen parte del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas y la Comunidad Internacional para que en el marco de sus labores constitucionales y legales garanticen la seguridad de toda la población afectada, disponga de las acciones necesarias para evitar una crisis humanitaria mayor y atienda lo que está sucediendo de manera efectiva.