Bogotá D.C., 25 de febrero de 2020
En septiembre del año pasado demostramos en la plenaria del Senado, de un
lado, que el sector financiero y la industria agroalimentaria han profundizado
en la dinámica denominada la “Fiebre
mundial por la tierra“ y aseguramos que grandes inversionistas tienen
expectativas de conseguir más suelo, apuntando a la puesta en producción en
áreas de frontera, bajo un modelo estrechamente relacionado con el fenómeno de
acaparamiento de tierras y que ese modelo resulta exitoso sólo si obtiene por
parte de los gobiernos políticas favorables a su instalación, y de otra parte,
denunciamos que de allí devienen entre otras, la ley Zidres y el Plan Maestro
de la Orinoquia.
Expuse en esa ocasión tres mapas que caracterizan el retorno de inversión
en las últimas fronteras agrícolas y cómo la Altillanura y la Orinoquía
colombianas resultan ser una extensión apetitosa para este tipo de inversiones;
advertí que el acaparamiento de baldíos obedece a una lógica inversionista de
gran escala que requiere de la disponibilidad de grandes extensiones de tierras
no cultivadas con potencial de generar producciones significativas y que
traducir el potencial de producción de esas tierras en una actividad eficiente
no es fácil, al no obtenerse la utilidad esperada, la inversión se hace susceptible
a convertirse en una actividad exclusivamente rentística. Los tres mapas
presentados en ese debate se superponen con exactitud en los incendios
provocados tanto en la Amazonía brasilera como en La Macarena colombiana.
La Orinoquía, región donde se localiza La Macarena, ha sido denominada en
el gobierno Santos como la “despensa agrícola” y la “frontera de expansión
interna más promisoria”: Las expectativas de grandes inversiones públicas en
infraestructura, los beneficios tributarios y el decidido apoyo gubernamental,
han desatado en la región el acaparamiento y la acumulación de tierras baldías
por encima de los topes establecidos por la ley 160, por parte de fondos de
inversión, industrias agroalimentarias, operadores políticos, empresas nacionales
y transnacionales, en la altillanura colombiana.
El interés del gran capital ha encontrado en los sucesivos gobiernos,
aliados para cooptar el Estado al servicio de sus inversiones aunque el costo
social y ambiental sea incalculable. Advertí en septiembre del año pasado que
esta dinámica que se desarrolla en la altillanura, por virtud del Plan Maestro
de la Orinoquía, es susceptible de generar incentivos para la continua
ampliación de la última frontera agrícola hacia la región Amazónica, pues,
ambas dinámicas subyacen de la promoción de reformas internas para facilitar el
acceso de las empresas.
Como resultado a nivel nacional se desarrolla un reordenamiento del
territorio en clave de grandes inversiones que desconocen el ordenamiento local
y lo dictado por la Corte Constitucional en sus pronunciamientos sobre asuntos
agrarios, como el reciente proyecto de Decreto reglamentario de la Ley Zidres
publicado por el Ministerio de Agricultura el pasado 11 de febrero que no es
más que un perdón retroactivo y licenciamiento exprés para el acceso a grandes
extensiones de tierras.
Por eso, ante las llamas que consumen a La Macarena debo cuestionar la
operación Artemisa anunciada por el presidente Duque como una estrategia
principalmente militar para supuestamente frenar la deforestación. La
criminalización a los campesinos locales en función de futuras inversiones que
requieren la praderización, la adecuación normativa que encuentra en el Plan de
Desarrollo su continuidad, la inversión en infraestructura que genera
expectativas de inversión y el consecuente acaparamiento de tierras. Al igual
que Bolsonaro, Duque parece ser más proclive a la fuerza y a las llamas que a
la concertación con los campesinos y a un ordenamiento que los incluya y les
genere oportunidades protegiendo el parque natural. El incendio se veía venir y
el paquetazo agrario revestirá este crimen ambiental de “legalidad y
desarrollo”.
Wilson Arias Castillo
Senador de la República
Polo Democrático Alternativo
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