Rechazo a retiro de visas de magistrados colombianos por parte de EE.UU: Wilson Arias

Rechazo a retiro de visas de magistrados colombianos por parte de EE.UU.

Bogotá, D.C., 10 de mayo de 2019.

Luego de conocer la noticia publicada a través de la Revista Semana el día de hoy 10 de mayo, en la que se informa del retiro de las visas americanas a tres magistrados de las altas Cortes colombianas por parte del gobierno de EEUU, en un evidente acto de desprecio por la soberanía nacional y de presión indebida en contra de función jurisdiccional que ellos desempeñan conforme a la Constitución y las leyes nacionales, desde mi curul en el Senado de la República me solidarizo con los Magistrados afectados y adicionalmente expreso lo siguiente: 

Rechazo vehementemente el pretendido “derecho de injerencia” que intenta abrogarse en Colombia el gobierno de EEUU y que en la práctica sólo ejercen los Estados más poderosos, en este caso, sobre la actividad judicial de los magistrados de las altas Cortes por sus posturas legitimas en torno a los Acuerdos de paz y al tratado de Extradición celebrado con dicho país, desconociendo que el concepto de soberanía es una de las bases del sistema de Naciones Unidas, destinado a proteger a los Estados miembros de intervenciones exteriores.

Rechazo el menosprecio que muestra el gobierno de Estados Unidos por preceptos de nuestra Constitución como aquel que indica que nuestros jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley, que es una garantía de la primacía de nuestro Estado de Derecho.

Rechazo la intención del gobierno de Estados Unidos de querer pasar sobre axiomas del derecho internacional como el respeto a la soberanía nacional y el principio de no intervención que entre otras cosas le impide pronunciarse sobre las decisiones judiciales plasmadas en sentencias, aun en el entendido de la soberanía de los Estados desde el derecho internacional público como una manifestación dual. 

Insto al gobierno colombiano en cabeza del Presidente Duque como rector de las relaciones exteriores de nuestro país a brindar garantía pública y plena a los magistrados de nuestras altas Cortes vulnerados en sus derechos y garantías, genuina independencia y autonomía judicial y sobre todo, genuina protección del Estado colombiano para el ejercicio de su legítima actividad, en este y en cualquier otro caso de injerencia extranjera en el ejercicio de su actividad jurisdiccional y frente a las presiones indebidas del gobierno de Estados Unidos.
  




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